Informe de la Universidad de Texas revela relación entre Moreira, Herrera y Duarte con los Zetas.

Veracruz y Coahuila: Territorio Zeta.

Veracruz y Coahuila: Territorio Zeta.

Para sorpresa de nadie (más que de las propias autoridades), un informe dado a conocer en Estados Unidos revela que la consolidación del grupo de Los Zetas no se dio de manera espontánea. Para que eso ocurriera, tuvieron un empujoncito de algunas autoridades… bueno, en realidad no cualquier autoridad: de acuerdo con el estudio titulado “Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonio en juicios contra miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”, los hermanos Moreira, en Coahuila, y los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte, en Veracruz, habrían recibido fuertes sobornos por parte de integrantes de dicho grupo criminal, a cambio de protección y chance de “chambear” a gusto.

El informe de la Universidad de Texas fue armado con testimonios de más de dos decenas de líderes de Los Zetas ofrecidos en juicios realizados entre 2013 y 2016, en los cuales describen que el nexo con los gobernadores de Coahuila se dio entre 2005 y 2012. En el caso de Humberto Moreira, el capo Humberto Uribe Tapia señala que dieron fuertes sumas de dinero al entonces procurador general del Ministerio Público a cambio de protección. Ése fue “el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el gobernador de Coahuila en ese entonces”. Por su parte, en el testimonio que Alfonso Cuéllar ofreció en un juicio realizado en Austin, Texas, se apunta que desde 2009 los líderes Zetas entregaban sobornos tanto a las autoridades estatales, municipales y federales. Ya tenían sus cuotas establecidas para que les permitieran “mover sus drogas libremente y que no tuvieran ningún problema para que las drogas pudieran pasar por Coahuila y llegar a Piedras Negras”.

Informe de la Universidad de Texas revela relación entre Moreira, Herrera y Duarte con los Zetas

La gubernatura coahuilense llegó Rubencito Moreira en 2011 y, para no variar, también con él hubo arreglo. Según describe el informe, el capo Efrén Tavira y el todavía gobernador (priista, por cierto) se encontraron en el rancho del narcotraficante Beto Casas. Ahí, el gober recibió “una camioneta Suburban llena de maletas de dinero”. No se especifica si el nexo entre el mandatario y Los Zetas continua hasta la fecha, pero mientras ayer se daba a conocer este informe integrado por declaraciones hechas ante autoridades estadounidenses y presentado ante la Cámara de Representantes del vecino país del norte, en Coahuila Moreira se echaba su último informe de gobierno, presumiendo que “los grandes capos que asolaban Coahuila ya no están (…) la paz y tranquilidad regresaron al Estado”

En fin, si Coahuila ya es territorio libre de Zetas, habría que ver si lo mismo puede presumir Veracruz, entidad en la que también dos exgobernadores son señalados de haber establecido vínculos con la organización delictiva. De acuerdo con los testimonios recopilados, tanto Fidel Herrera como Javier Duarte negociaron con la delincuencia organizada. En el caso de Herrera, un exagente del FBI indicó que el capo Efraín Torres (uno de los fundadores de Los Zetas) proporcionó grandes sumas de dinero al priista cuando éste era candidato a la gubernatura del Estado. Además, al más puro estilo Odebrecht, se habría recibido un soborno para que la empresa ADT Petroservicios – propiedad de Pancho Colorado, presunto “lavador” de Los Zetas – recibiera contratos de Pemex y obtuviera utilidades. En lo que respecta a Javidú, en una parte del informe se apunta que éste sostuvo una reunión con líderes Zetas, quienes después habrían asesinado a una contadora del exmandatario… ¿casualidad?

En las conclusiones del informe consta que los Zetas describieron que hicieron sello de la casa diferentes métodos de tortura y ejecución de víctimas, esto gracias a que las autoridades les permitieron expandirse y operar a sus anchas. Por ello, se insta al gobierno mexicano (el que no esté involucrado en estos asuntos… si lo hay, ¿verdad?) a investigar y sancionar los abusos cometidos tanto por los zetas como por los funcionarios públicos.

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